La Procuraduría inició una indagación previa contra servidores públicos por identificar de la Alcaldía de Tunja, por presuntas irregularidades en el proceso contractual para la organización y realización de la edición 71 del Aguinaldo Boyacense 2026.


De acuerdo con el ente de control, las posibles irregularidades estarían relacionadas con la estructuración de los estudios previos y la selección del contratista, aspectos que podrían comprometer los principios de transparencia y planeación contractual, ante presuntas falencias en las reglas del proceso y en la precisión de los costos y la calidad del servicio. La Procuraduría solicitó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si existió alguna falta disciplinaria.


En diálogo con Matinal Noticias, el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, confirmó que hay dos asuntos contractuales que requieren especial atención de los organismos de control y que actualmente son objeto de revisión.


El primero tiene que ver con el polémico contrato de la empresa Don Matías, cuyo proceso, según el mandatario, ya entró en fase de liquidación. La Administración Municipal espera alcanzar un acuerdo con el contratista, teniendo en cuenta que, pese a las adiciones en tiempo, las actividades previstas no habrían alcanzado siquiera el 35 % de ejecución, de acuerdo con lo señalado por el alcalde.


El segundo asunto corresponde al convenio para la realización del Aguinaldo Boyacense, suscrito en julio durante la administración de la alcaldesa encargada María Paula Jiménez, días antes de las elecciones atípicas en la capital boyacense.


Acevedo indicó que un equipo jurídico de la Alcaldía adelanta una revisión rigurosa del convenio y del procedimiento mediante el cual fue seleccionado el oferente. Según anunció, en un plazo de ocho a quince días se espera entregar información sobre las conclusiones de ese análisis y establecer si se presentaron fallas o posibles irregularidades en el proceso.


Por ahora, la indagación de la Procuraduría busca esclarecer los hechos y determinar si existe mérito para avanzar en una actuación disciplinaria. Las presuntas irregularidades deberán ser comprobadas por las autoridades competentes.