La estabilidad fiscal y el futuro de la infraestructura en Santa Rosa de Viterbo, se encuentran en el centro de la discusión política local tras la radicación oficial del Proyecto de Acuerdo No. 022 del 15 de octubre de 2026. Presentado ante la mesa directiva del Concejo Municipal, presidida por Jorge Javier Parada Mogollón, el documento busca autorización para que la administración del alcalde Juan Alexis Martínez Fajardo contrate una operación de crédito público por 2.000.000.000 de pesos. La iniciativa, destinada a la red vial urbana, rural y la adquisición de maquinaria, ha generado un intenso escrutinio sobre su conveniencia real, especialmente a poco más de un año del cierre del periodo constitucional actual.


ESTRUCTURA FINANCIERA Y CAPACIDAD DE PAGO


El expediente técnico, liderado por la Secretaría de Hacienda Municipal a cargo de Helen Xiomara Orrego Tenza, plantea un endeudamiento interno a 6 años, equivalentes a 72 meses o 24 periodos trimestrales. La operación incluye un año de gracia para el pago de capital, con una tasa de interés proyectada basada en el IBR a un mes menos 0.80 por ciento, lo que representa una Tasa Efectiva Anual estimada del 10.62 por ciento. 

El costo total del servicio del crédito ascendería a 2.784.166.504,4 pesos, incluyendo 784.166.504,4 pesos solo en intereses entre 2026 y 2032. Las amortizaciones de capital iniciarán en la vigencia de 2028, con 12 cuotas trimestrales de 100.000.000 de pesos. La garantía de pago se sustentará en la pignoración de ingresos del Sistema General de Participaciones de Libre Destinación y recursos propios. 


Según las certificaciones, el municipio se encuentra en semáforo verde de la Ley 358 de 1997, con un indicador de solvencia proyectado para 2026 del 1 por ciento, muy por debajo del límite legal del 40 por ciento, y un indicador de sostenibilidad del 20 por ciento, frente al techo del 80 por ciento. Adicionalmente, bajo la Ley 617 de 2000, los gastos de funcionamiento de 2025 representaron el 44.15 por ciento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, validados por la Contraloría General de la República en 4.799.478.000 pesos, cumpliendo holgadamente el tope del 80 por ciento. A julio de 2026, la deuda previa con el Banco Agrario era de 211.541.545 pesos, la cual se cancelará en enero de 2027, liberando cupo de endeudamiento.


PLAN DE INVERSION URBANA Y ESPECIFICACIONES


El componente urbano absorberá el 53 por ciento del empréstito, es decir, 1.060.000.000 de pesos. La mayor parte, 840.639.701 pesos, se destinará a la apertura y construcción de la Calle 2. Este corredor de 478 metros lineales buscará conectar sectores de expansión con la Ruta Nacional 55. Las especificaciones técnicas del INVIAS incluyen una calzada de 6 metros de ancho útil, subrasante al 95 por ciento del Proctor Modificado, subbase granular SBG-38 de 20 centímetros de espesor, base granular BG-38 de 15 centímetros, riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 y capa de rodadura en mezcla asfáltica en caliente MDC-19 de 7.5 centímetros. También contempla 1.147,2 metros cuadrados de andenes en concreto de 17.5 MPa y sardineles prefabricados A-100. El presupuesto directo de obra es de 689.048.034 pesos, al cual se le aplica un esquema de AIU que suma un 22 por ciento, desglosado en 15 por ciento de administración, 2 por ciento de imprevistos y 5 por ciento de utilidad, más impuestos.


El restante urbano, por 219.360.299 pesos, se enfocará en el mantenimiento de 143 metros lineales de la Carrera 6, entre Calles 12A y 13. Esta zona es vital para el acceso y evacuación de la Institución Educativa Casilda Zafra y del Centro de Desarrollo Infantil. Las obras incluyen excavación de caja, parcheo con mezcla asfáltica, reconformación de base granular, nivelación de pozos de inspección, instalación de sumideros laterales y demarcación especial de zona escolar a 30 kilómetros por hora.


INFRAESTRUCTURA RURAL Y MODELO DE EJECUCION COMUNITARIA


Para el sector rural se asignan 464.000.000 de pesos, el 23.2 por ciento del total, para atender la red terciaria de 82 kilómetros. La estrategia no contempla contratación de obra pública tradicional, sino la compra directa de materiales puestos en sitio. El alcance físico proyecta la construcción de aproximadamente cinco módulos tipo de placa huella de 150 metros lineales cada uno, totalizando 816,78 metros lineales en puntos críticos.

Cada módulo tiene un costo de materiales de 85.212.330 pesos, con IVA del 19 por ciento. La canasta incluye 548 bultos de cemento gris estructural de 42.5 kilogramos, 63 metros cúbicos de gravilla, 52.5 metros cúbicos de arena lavada, 27 metros cúbicos de piedra rajón, 124.5 metros cúbicos de subbase granular y hierro figurado. La mano de obra no calificada será aportada por la comunidad mediante convites coordinados con las Juntas de Acción Comunal, un esquema que la administración calcula que genera un ahorro financiero entre el 35 y el 45 por ciento frente a la contratación estatal convencional. Las veredas priorizadas en la lista indicativa son El Cucubo, Quebrada Arriba, Portachuelo, Ciraquita y La Mesa, seleccionadas por tener pendientes superiores al 12 por ciento, severidad de erosión o alto tránsito de productos agropecuarios.


ADQUISICION DE MAQUINARIA Y ANALISIS DE MERCADO


El tercer componente destina 476.000.000 de pesos, el 23.8% del total, a la compra a todo costo de un vibrocompactador de rodillo vibratorio de tambor único, marca XCMG, modelo CV83U, línea 2026, comercializado por Navitrans S.A.S. El equipo cuenta con motor Cummins QSF3.8 T4F de 100 caballos de fuerza a 2.200 rpm, peso operativo de 8.000 kilogramos, ancho de tambor de 1.68 metros y sistema de telemetría XCMG Mobile. La justificación radica en eliminar el costo promedio de alquiler de 250.000 pesos por hora y atender de forma inmediata emergencias en los 146 kilómetros de vías urbanas y rurales.


El proceso comparativo determinó que la propuesta de Navitrans S.A.S. era técnicamente superior y más económica que la alternativa de Casa Toro S.A. y Wirtgen Group. Aunque el compactador Hamm HC 70i tenía un precio base similar, su valor final ascendía a 527.868.000 pesos al adicionar 51.987.000 pesos por concepto de estampillas municipales, haciendo la opción XCMG financieramente más viable en la cotización inicial presentada.


LA POSTURA DE CONCEJALES Y LA VEEDURIA CIUDADANA


El debate ha sido impulsado por el concejal Diego Guío, quien ha encendido las alarmas de control social. Guío cuestiona públicamente la opción de financiamiento adoptado por la alcaldía para estos proyectos, el cumplimiento estricto de los requisitos legales, la conveniencia de asumir la deuda a un año del cambio de administración y si están suficientemente sustentadas la viabilidad jurídica, técnica y financiera del proyecto. 


El concejal ha manifestado que es necesario un espacio amplio de difusión y socialización ante la comunidad, para dar a conocer cómo se comprometen los recursos públicos y el futuro del municipio. Como medida de presión y transparencia, ha solicitado formalmente a la mesa directiva del Concejo que las sesiones de debate en comisión sean transmitidas en vivo, como se hace en las plenarias para facilitar el escrutinio ciudadano sin intermediarios.


ANALISIS DE CONVENIENCIA: RIESGOS Y OPORTUNIDADES


La conveniencia del empréstito presenta un escenario de doble filo que exige un análisis riguroso. Por un lado, las cifras macroeconómicas y legales son sólidas en el papel: el municipio está en semáforo verde, tiene cupo liberado tras pagar su deuda anterior y los proyectos de infraestructura atienden necesidades reales de conectividad y capacidad operativa. La compra del vibrocompactador, por ejemplo, representa un ahorro operativo a mediano plazo frente al alquiler constante a terceros.


Por otro lado, existen riesgos significativos que requieren blindaje contractual. El primero es el riesgo político-fiscal: al iniciar las amortizaciones de capital en 2028, la próxima administración asumirá la carga financiera completa sin haber ejecutado las obras, lo que podría generar tensiones presupuestales y acusaciones de legado irresponsable. El segundo riesgo es técnico: el AIU del 22 por ciento en la obra urbana es superior al promedio del mercado para este tipo de intervenciones, lo que encarece el costo sin agregar valor físico directo a la vía. Además, la ejecución rural mediante convites comunitarios carece de una partida presupuestal explícita para interventoría y control de calidad de laboratorio, lo que podría derivar en placas huella con fallas prematuras si no se supervisa adecuadamente la relación agua-cemento y el proceso de curado. Finalmente, la tasa variable ligada al IBR expone al municipio a alzas en el costo financiero total si la política monetaria nacional se endurece en los próximos años.


El proyecto cuenta con el respaldo unánime del Comité Municipal de Política Fiscal, consignado en el Acta COMFIS No. 024 del 29 de septiembre de 2026, con la participación del alcalde y sus secretarios de Hacienda, Planeación y Gobierno. Sin embargo, su viabilidad final dependerá del escrutinio en las comisiones y la plenaria del Concejo Municipal. 


Para que el empréstito sea verdaderamente conveniente y sostenible, la veeduría ciudadana y la corporación edilicia deberían considerar la aprobación condicionada del proyecto. Esto podría incluir la exigencia de destinación de recursos específicos para interventoría técnica en las obras rurales, la justificación detallada y reducción del AIU urbano, y garantías contractuales de servicio postventa para la maquinaria. Solo con estos candados se asegurará que la deuda de hoy se traduzca en desarrollo real y no en un lastre financiero insostenible para el mañana de Santa Rosa de Viterbo