El senador por el partido Alianza Verde, Ariel Ávila, lanzó una fuerte crítica contra el proyecto de ley de financiamiento radicado ante el Congreso de la República por parte del gobierno nacional liderado por Abelardo de La Espriella. El congresista calificó la iniciativa como regresiva y aseguró que su aprobación provocará una contracción severa de la economía colombiana, afectando principalmente a los sectores más vulnerables, al campo boyacense y a la clase trabajadora, mientras beneficia fiscalmente a las grandes empresas y personas naturales de altos ingresos.
Según el análisis presentado por Ávila, la propuesta gubernamental busca recaudar 80 billones de pesos. De este monto, 20 billones provendrían de recortes al aparato estatal y 60 billones de la creación o aumento de nuevos impuestos. El legislador detalló que de esos 60 billones adicionales, aproximadamente 27 serían asumidos directamente por los trabajadores, la clase media y la clase media baja, lo que representa un traslado injusto de la carga fiscal hacia quienes menos capacidad tienen para soportarla.
Uno de los puntos más controvertidos señalados por el senador es la modificación de los umbrales del impuesto de renta. Ávila explicó que bajo la nueva normativa, los asalariados comenzarían a pagar renta con ingresos desde cuatro millones de pesos mensuales, cifra que anteriormente se establecía por encima de los nueve millones. Además, indicó que las cotizaciones obligatorias en salud para el trabajador subirían del 4% al 8%, mientras que los empleadores tendrían que asumir la totalidad de los aportes parafiscales, incrementando significativamente el costo laboral formal.
En cuanto al impacto en el consumo diario, la reforma contempla gravar con IVA productos básicos de la canasta familiar que actualmente están exentos o tienen tarifas reducidas. Entre ellos se encuentran el café, el azúcar, los tomates, los plátanos y los bananos. Asimismo, servicios esenciales como el internet para los estratos 1, 2 y 3 pasarían de una tarifa del 5% al 19%. Este mismo ajuste aplicaría a vehículos eléctricos, cuya tasa subiría del 5% al 19%, eliminando incentivos verdes existentes. En contraste directo, la renta corporativa para las grandes empresas disminuiría del 35% al 31%, una medida que Ávila describió como un regalo fiscal a los ricos financiado por los pobres.
El sector agropecuario de Boyacá enfrenta uno de los escenarios más críticos descritos por el senador. Ávila alertó sobre una doble imposición que golpearía tanto la producción como el consumo. Por un lado, los insumos agrícolas como fertilizantes y plaguicidas tendrían IVA, encareciendo los costos de producción hasta en un 19%. Por otro lado, los productos finales también serían gravados. Utilizando el tomate como ejemplo, explicó que esta acumulación de impuestos podría resultar en un incremento final de precio cercano al 36% para el consumidor en plazas de mercado locales como Sogamoso. Esta situación se agrava por factores externos como el Fenómeno de El Niño, que reducirá cosechas, y el alza en el costo de la energía eléctrica, cuyo kilovatio hora ha subido considerablemente durante el año actual.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), especialmente aquellas familiares en municipios industriales como Duitama, la perspectiva es igualmente desalentadora. Ávila pronosticó pérdidas de empleo masivas debido al aumento simultáneo de cargas para empleados (renta) y empleadores (parafiscales completos). Puso como ejemplo panaderías o empresas de cultivo de arándanos que, viéndose forzadas a reducir costos operativos, podrían ver sus nóminas disminuidas a la mitad, pasando de diez a cinco empleados, simplemente para sobrevivir financieramente ante la nueva estructura tributaria.
Desde el punto de vista político y legislativo, el senador reconoció que la viabilidad de aprobar la reforma tal como fue radicada es baja. Señaló una clara oposición transversal: tanto el Centro Democrático, bajo el liderazgo de Álvaro Uribe, como el Pacto Histórico han manifestado su rechazo a gravar a los pobres y a recortar programas sociales esenciales. Con estos dos bloques controlando casi la mitad de los votos en el Senado, Ávila proyectó que cualquier versión aprobada será sustancialmente modificada o "peluqueada". Estimó que el gobierno apenas logrará recaudar entre 10 y 15 billones de pesos de los 80 propuestos originalmente, dado que el próximo año electoral hará que muchos congresistas eviten votar medidas impopulares.
Ávila también realizó una comparación histórica con la fallida reforma tributaria del expresidente Gustavo Petro. Aunque ambas iniciativas comparten algunos artículos técnicos, como el gravamen a las apuestas virtuales, la filosofía de fondo difiere radicalmente. Mientras la propuesta de Petro buscaba que la crisis fiscal fuera solventada por los sectores más ricos, la de Abelardo de La Espriella traslada esa responsabilidad a la clase media y baja. El legislador sugirió que la actual propuesta guarda mayor similitud ideológica y técnica con las reformas impulsadas por Mauricio Cárdenas o Alberto Carrasquilla durante el gobierno de Iván Duque.
Respecto a la responsabilidad de la deuda pública acumulada, el senador ofreció un matiz importante. Reconoció que existen verdades compartidas entre los distintos gobiernos: De La Espriella señala la herencia recibida de Petro; Petro apunta al endeudamiento externo elevado por Duque; y Duque justificó sus acciones por la emergencia sanitaria de la pandemia. Ávila validó parcialmente la posición duquista, recordando que el congelamiento de precios de gasolina y servicios públicos evitó estallidos sociales mayores, aunque criticó que el Congreso anterior hubiera bloqueado sistemáticamente alternativas progresivas por sesgos ideológicos, agravando así el déficit estructural actual.
Como alternativa viable, Ávila propuso tres medidas concretas que permitirían recaudar unos 20 billones de pesos sin tocar la canasta básica ni afectar el poder adquisitivo de los trabajadores. Estas incluyen: gravar los juegos de azar deportivos y digitales; imponer impuestos a las iglesias y organizaciones religiosas que manejan grandes flujos de capital no declarados; y cerrar vacíos legales que permiten a empresarios ocultar activos personales de lujo, como aviones privados o propiedades recreativas, dentro de los balances de sus empresas para deducirlos como gastos operativos. Lamentablemente, afirmó que el gobierno ha rechazado estas opciones, prefiriendo la vía fácil de aumentar impuestos al consumo popular.
Finalmente, el legislador expresó profunda preocupación por el futuro de la educación pública y la salud. Confirmó que ya existen atrasos millonarios en los giros a universidades públicas, como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en Boyacá, y a instituciones prestadoras de salud (IPS). Advirtió que el gobierno deberá elegir prioridades difíciles entre gastar en equipamiento militar y policial o cubrir las deudas sociales. Si bien espera defender los recursos universitarios desde la oposición, anticipó recortes drásticos en programas complementarios vitales para estudiantes vulnerables, tales como bonos de alimentación, transporte escolar y apoyos académicos, manteniéndose quizás solo la matrícula cero pero con menor soporte integral.
La intervención de Ávila coincide con denuncias de periodistas y líderes comunitarios de Boyacá, quienes enumeran una larga lista de productos esenciales afectados: cebolla, zanahoria, pepino, mango, aguacate, frijol, lentejas y garbanzos. Estos alimentos, junto con maquinaria agrícola, semillas certificadas y sistemas de riego, enfrentarían sobrecostos inmediatos. Sumado a esto, el alto costo del crédito bancario por las tasas del Banco de la República y el nuevo IVA al internet residencial configurarán un escenario de asfixia financiera para miles de hogares boyacenses, convirtiendo al departamento en uno de los más golpeados a nivel nacional por esta eventual reforma.
