El proceso judicial contra Nelson Guarín, representante legal de la Constructora Antares Guarín y Divantoque S.A.S., registró un avance luego de que el procesado aceptara los cargos por el delito de estafa agravada, en una audiencia que se desarrolló el día anterior. Sin embargo, su esposa y su hijo, también vinculados a la investigación, no aceptaron los cargos y deberán continuar enfrentando el proceso judicial.


La información fue confirmada por el abogado Víctor Jaimes, representante de varias de las víctimas, quien explicó que Guarín aceptó su responsabilidad frente a los hechos investigados, relacionados con presuntas estafas que habrían afectado a más de 45 personas y que superarían los 1.500 millones de pesos.


De acuerdo con el abogado, la aceptación de cargos le permitiría al procesado acceder a una rebaja de hasta una tercera parte de la pena, conforme a las condiciones legales aplicables. Posteriormente, su defensa solicitó que se le concediera el beneficio de detención domiciliaria en lugar de continuar en un establecimiento carcelario.


Frente a esta petición, la representación de las víctimas manifestó su oposición al considerar que no existían argumentos suficientes para conceder ese beneficio. Por ahora, Nelson Guarín continúa privado de la libertad en un centro carcelario, mientras avanza el trámite para establecer la condena correspondiente.


El abogado Jaimes indicó que, una vez se emita la sentencia, se dará paso al incidente de reparación integral, mecanismo mediante el cual las víctimas podrán reclamar la reparación de los perjuicios ocasionados.


Entretanto, la situación jurídica de la esposa y el hijo del procesado continuará en otra etapa. La audiencia preparatoria fue programada para el 29 de marzo de 2027, fecha en la que se realizará el descubrimiento probatorio de la defensa y se avanzará hacia el eventual juicio.


Finalmente, el representante de las víctimas expresó su preocupación por los aplazamientos que ha tenido el proceso y señaló que dejó constancia de sus observaciones frente a las solicitudes de la defensa, con el propósito de evitar nuevas dilaciones que puedan afectar el desarrollo de la actuación judicial.


La investigación continúa para los demás vinculados, mientras las víctimas esperan que el proceso permita esclarecer los hechos y avanzar hacia la reparación de los perjuicios económicos.