Sacudida en Boyacá: Empresa de alcalde de Paz de Río estaría relacionada con capo paraguayo

El municipio de Paz de Río y el sector empresarial de Boyacá están bajo la lupa tras revelarse que Néncer Ramírez, alias ‘el Ganadero’, figuraba como escolta en una firma de seguridad del actual alcalde Ezequiel Jiménez.

El departamento de Boyacá se encuentra en el centro de un escándalo de proporciones internacionales. Tras la captura en el Tolima del ciudadano paraguayo Néncer Alfonso Ramírez Lozano, alias ‘el Ganadero’, las investigaciones administrativas arrojaron un dato que ha generado conmoción en la política regional: el capo estaba registrado como escolta en una empresa de seguridad privada cuyos dueños son dos influyentes figuras boyacenses.

Se trata de una firma de vigilancia con oficinas en diversos municipios de Boyacá y sede en Bogotá, de la cual son propietarios los hermanos Ezequiel Jiménez Cely, actual alcalde de Paz de Río para el periodo 2024–2027, y Luis Arturo Jiménez Cely, un reconocido abogado penalista y exfiscal de la región.

El nexo administrativo en Boyacá

Mientras ‘el Ganadero’ era buscado por la Interpol como el sucesor de la red de narcotráfico de alias ‘Cucho’ Cabañas, en los registros de la Superintendencia de Vigilancia aparecía vinculado a la empresa de los hermanos Jiménez Cely. Según la información oficial, el alcalde Ezequiel Jiménez posee el 50% de las acciones de dicha compañía, lo que ha puesto su nombre en los titulares nacionales e internacionales.

El operativo, que culminó con la detención del capo en una lujosa finca, reveló que este se movía con una libertad sorprendente, amparado presuntamente por su rol de «personal de seguridad» en la mencionada entidad.

Reacciones y defensa

Desde el entorno de los propietarios, la defensa ha sido contundente. El abogado Luis Arturo Jiménez, quien ha liderado procesos judiciales de alto perfil en el país, aseguró que el detenido jamás ha pisado las instalaciones de su empresa ni ha formado parte de su nómina.

Sin registros internos:

La empresa sostiene que no existen pagos de seguridad social, entrega de carnés ni registros de capacitación que vinculen a Ramírez Lozano con la firma.

Posible suplantación: La principal hipótesis de los dueños es que los datos de su empresa pudieron ser utilizados de forma fraudulenta ante las autoridades de vigilancia para «legalizar» la permanencia del narco en territorio colombiano.

Incertidumbre política en Paz de Río

En el municipio de Paz de Río, la noticia ha caído como un balde de agua fría. La comunidad y diversos sectores políticos cuestionan ahora los filtros de seguridad de las empresas vinculadas a mandatarios locales. Las autoridades buscan determinar si existe una red de «legalización» de criminales bajo fachadas de seguridad que operan en el departamento y el centro del país.

El caso deja una pregunta abierta para los boyacenses: ¿Cómo un articulador del narcotráfico internacional logró «camuflarse» administrativamente en una de las empresas con presencia en el departamento?