Alcalde de Villa de Leyva, imputado por presunta violación de inhabilidades

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al actual alcalde de Villa de Leyva, Víctor Hugo Gamboa Chaparro, por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades durante el ejercicio de sus funciones como mandatario municipal.

Según informó el ente acusador, Gamboa fue señalado como presunto coautor, a título de dolo, del delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, contemplado en el artículo 408 del Código Penal. Esta conducta es sancionada con penas que oscilan entre 64 y 216 meses de prisión, además de multas económicas e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.

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Hechos investigados

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos materia de investigación habrían ocurrido el 6 de febrero de 2024, cuando el alcalde presuntamente intervino en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato estatal, pese a existir restricciones legales que le impedían participar en dicho proceso.

El fiscal del caso explicó que la imputación se sustenta en varios elementos, entre ellos:

• La condición de servidor público del alcalde, conforme a lo establecido en la Ley 134 de 1994.

• La aplicación de jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, en particular la Sentencia SP 1522 de 2024.

• Elementos materiales probatorios que permitirían inferir razonablemente la posible responsabilidad del mandatario en la conducta investigada.

Marco legal y proceso

El artículo 408 del Código Penal establece sanciones estrictas para los servidores públicos que, aprovechando su cargo, intervienen en procesos contractuales cuando existe una prohibición legal o constitucional expresa. La Fiscalía reiteró que este tipo de conductas afectan los principios de transparencia y legalidad en la administración pública.

Con esta imputación, el proceso judicial contra el alcalde de uno de los municipios turísticos más representativos de Boyacá entra en una fase clave, en la que un juez de control de garantías deberá continuar con la evaluación de las actuaciones y definir las siguientes etapas del caso.