Visitantes de Playa Blanca en Tota cuestionan presunta privatización y restricciones para ingresar al lugar

Playa Blanca, localizada en el municipio de Tota, provincia de Sugamuxi, se ha convertido en escenario de debate debido a las recientes restricciones y la presunta privatización de sus accesos. Visitantes como Lennin Olarte han expresado su inconformidad con el actual modelo de operación del balneario, que a su juicio limita la experiencia turística.

En entrevista con Matinal Noticias, Olarte denunció que la playa está dividida en tres sectores cercados, donde además de Corpoboyacá, supuestos actores privados estarían cobrando por el ingreso a diferentes zonas. «La metodología es muy fácil para épocas de temporada alta, festivos y vacaciones. La playa la dividieron con tres cercas y cada cerca no sé a quién pertenece», afirmó. Además, explicó que para acceder es necesario hacer una reserva previa y que cada grupo familiar debe pagar para ingresar, pero el tiempo permitido para disfrutar del lugar es limitado a solo una hora.

Desde 2024, Playa Blanca funciona bajo un modelo de turismo sostenible con estrictas regulaciones establecidas por Corpoboyacá, que incluyen reserva obligatoria, pago de póliza, aforo máximo diario de 400 personas, prohibición de bebidas alcohólicas y psicoactivas, inmersión máxima hasta las rodillas y restricción de carpas de camping. Esto se implementó tras el cierre ordenado por la Procuraduría en 2020, con el objetivo de proteger el ecosistema del área.

No obstante, Olarte planteó varias inquietudes respecto a al destino de los recursos generados por el cobro de entrada: «¿A quién pertenecen esas playas? ¿Quién delimitó y construyó esas paredes alrededor? ¿Quién se beneficia y en qué invierten esos recursos?» subrayó, destacando que Playa Blanca fue tradicionalmente un espacio público abierto a turistas de todo el país.

Será Corpoboyacá, entonces, la institución en emitir un pronunciamiento oficial sobre estas inquietudes de la comunidad