Tensión en Moniquirá por bloqueo a granja avícola: comunidades denuncian contaminación y empresa advierte riesgo sanitario

En zona rural del municipio de Moniquirá se mantiene una creciente tensión entre comunidades campesinas y la empresa Pollos El Dorado, tras varios días de protesta y bloqueo que impide la salida de producción avícola desde una de sus granjas.

Habitantes del sector aseguran que la movilización responde a presuntos impactos ambientales que, según manifiestan, vendrían afectando su calidad de vida. Entre las principales quejas se encuentran malos olores, posibles afectaciones a fuentes hídricas y condiciones sanitarias que consideran preocupantes. Por ello, decidieron realizar un bloqueo como medida de presión para exigir el cierre definitivo de la granja.

Frente a esta situación, el gerente de la compañía, Fabio Domínguez, rechazó las acciones de hecho y aseguró que la empresa está siendo objeto de un “bloqueo ilegal” que pone en riesgo no solo la operación, sino también la vida de miles de aves.

“El Dorado no tiene ningún tipo de sanción ni restricción por parte de las autoridades. Ninguna entidad nos ha hecho llamados de atención sobre la operación de esta granja”, afirmó Domínguez, quien además indicó que recientemente un funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible visitó el lugar, concluyendo —según su versión— que las problemáticas denunciadas por la comunidad no tendrían origen en la granja.

El directivo también destacó que la empresa cuenta con certificaciones de sostenibilidad y bioseguridad otorgadas por entidades como el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), asegurando que sus procesos cumplen con altos estándares del sector avícola.

Sin embargo, la situación se ha agravado debido a que, según la empresa, cerca de 140.000 aves permanecen retenidas desde hace más de 15 días sin poder ser comercializadas. Domínguez advirtió que el sobrepeso y el hacinamiento están generando una alta mortalidad, lo que podría derivar en una emergencia sanitaria y ambiental de mayores proporciones.

“Estamos ante una situación muy grave que puede terminar en una masacre de animales, lo cual además está penado por la ley. Necesitamos que las autoridades intervengan de manera urgente”, enfatizó.

Por ahora, las comunidades mantienen el bloqueo mientras exigen respuestas concretas a sus denuncias, y la empresa insiste en que se respeten sus derechos a operar. La resolución del conflicto queda en manos de las autoridades locales y nacionales, que deberán mediar para evitar que la situación escale y genere consecuencias irreversibles tanto para la población como para el sector productivo.