¿La ley es solo para los de ruana? Denuncian que título minero de Carbones Andinos sigue operando ilegalmente en el Páramo de Pisba

Luego que se diera a conocer los operativos que se han realizado en la provincia de Valderrama,  especialemente en su capital, habitantes de Socha denuncian que el título FGD-141 cuenta con orden de suspensión y cierre definitivo desde febrero de 2024. Pese a esto, maquinaria pesada y locomotoras continúan afectando las fuentes hídricas ante la presunta inacción de Corpoboyacá, la Gobernación y la Alcaldía municipal.

Indignación 

Una fuerte indignación y una seria alerta ambiental sacuden a la provincia de Valderrama. Habitantes de la vereda El Alizal, sector El Mortiño, en el municipio de Socha, han alzado su voz públicamente para exigir explicaciones inmediatas a las autoridades político-administrativas y ambientales del departamento frente a lo que consideran una flagrante violación a la legislación ecológica del país.

La denuncia, liderada por el defensor del Páramo de Pisba, Eduar Diofanol Vargas Berdugo, señala de manera directa la continuidad de las operaciones del Título Minero FGD-141, perteneciente a la empresa Carbones Andinos, el cual se encuentra incrustado en el corazón de esta zona de reserva natural.

Un título suspendido hace más de dos años

De acuerdo con el marco constitucional y la Ley 1930 de 2018 (Ley de Páramos), estos ecosistemas estratégicos gozan de protección absoluta, quedando taxativamente prohibida cualquier modalidad de exploración o explotación minera.

La gravedad del asunto radica en que la afectación no es solo presunta. Según los registros institucionales recopilados por la veeduría ciudadana, la misma Agencia Nacional de Minería (ANM) ordenó la suspensión y el cierre definitivo de este frente minero desde febrero de 2024. Sin embargo, a la fecha, la orden administrativa sigue sin ejecutarse materialmente en el territorio.

«¿Cómo es posible que estando en zona de Páramo, donde está prohibido absolutamente todo tipo de minería por ley de la República, esa mina siga ahí instalada y trabajando?», cuestionó tajantemente Vargas Berdugo.

Grave impacto hídrico y denuncias de disparidad institucional

Los denunciantes detallan con profunda preocupación el ingreso constante de locomotoras y maquinaria pesada de gran escala al ecosistema de alta montaña. El tránsito de estos equipos de gran tonelaje está provocando daños irreparables en la capa vegetal y, lo más alarmante, el progresivo desecamiento de los flujos hídricos subterráneos y superficiales que abastecen a los acueductos veredales de la región.

Asimismo, la comunidad ha manifestado un fuerte reclamo civil ante lo que consideran un trato preferencial por parte del Estado:

«¿Por qué para las minas pequeñas o artesanales sí actúan rápido, sí sellan, sí hacen operativos y noticias… y para esta mina grande, la de la multinacional, la que está en el páramo, ahí sí se hacen los locos, se hacen los sordos y no quieren hacer nada? ¿Es que acaso la ley es solo para los pobres y campesinos, y para los ricos y poderosos no existe?», puntualizó el líder comunitario.

Las preguntas que Corpoboyacá y los entes territoriales deben responder

Ante la gravedad de los hechos, la veeduría ambiental de Socha ha trasladado un cuestionario directo a la autoridad ambiental (Corpoboyacá), a la Gobernación de Boyacá y a la Alcaldía Municipal de Socha exigiendo total claridad sobre los siguientes puntos:

✓La legalidad de la operación: Bajo qué argumentos jurídicos o tolerancia institucional se permite la permanencia de infraestructura activa de Carbones Andinos en una zona de exclusión legal radical.

✓La falta de sellamiento: Cuáles han sido los obstáculos técnicos o jurídicos que han impedido a las autoridades competentes y a la fuerza pública materializar el cierre ordenado por la ANM desde febrero de 2024.

✓El ingreso de maquinaria: Quién autorizó o bajo qué figura se tolera el tránsito de equipo pesado y locomotoras en un entorno biótico tan frágil.

✓La asimetría en el control: Cuál es la razón por la que los operativos punitivos avanzan con celeridad frente a la minería tradicional de subsistencia, mientras se mantiene una aparente pasividad frente a un título de gran escala formalmente suspendido.

La conservación del Páramo de Pisba no es únicamente una obligación legal archivada en los códigos; representa el sustento e integridad del agua para miles de familias boyacenses. La comunidad del sector El Mortiño concluye con una exigencia unificada: «Queremos la verdad y exigimos el sellamiento definitivo ya».