¿Red de estafa inmobiliaria en Boyacá bajo la sombra de fallas notariales?

Una investigación periodística ha encendido las alarmas en el departamento de Boyacá tras descubrirse una sofisticada red delincuencial dedicada a la estafa y a la suplantación de identidad. La organización criminal ha logrado expropiar de facto a legítimos propietarios de sus viviendas mediante la falsificación de firmas y la legalización de documentos espurios, aprovechando graves grietas en los filtros de seguridad del sistema notarial.

A través de la unificación de denuncias ciudadanas, este medio logró establecer un patrón idéntico y sistemático —un modus operandi milimétrico— cuyo epicentro institucional se concentra en la Notaría Segunda de Duitama.

El Modus Operandi: La trampa de la falsa anticresis

La red criminal opera mediante una estrategia dividida en tres etapas perfectamente planificadas, diseñada especialmente para atacar inmuebles cuyos propietarios residen fuera de la ciudad o del departamento:

1. La captura del inmueble

Los delincuentes ubican viviendas disponibles para arrendamiento en sectores urbanos o conjuntos cerrados de Sogamoso. Un miembro de la banda se hace pasar por el «inquilino ideal», utilizando nombres falsos como «Víctor» o identificaciones suplantadas (como el documento de un ciudadano llamado Jason Javier Caicedo León. Con el fin de ganarse la confianza de los dueños, pagan los primeros meses de arriendo por adelantado o pactan promesas de autenticación formal. Una vez que reciben las llaves y la posesión física del inmueble, se corta toda comunicación.

2. La suplantación del propietario

Con la vivienda bajo su control, los criminales no la habitan. De inmediato, proceden a publicarla en el mercado local ofreciendo atractivos pero falsos contratos de «Empeño» o «Anticresis». Cuando un ciudadano interesado ‘muerde el anzuelo’, los estafadores lo citan en la sede notarial. Utilizando cédulas adulteradas, los delincuentes se hacen pasar por los verdaderos dueños de las casas frente a los funcionarios públicos, falsificando firmas y nombres para consolidar el negocio.

3. El recaudo del botín

La banda criminal ha estandarizado su tarifa de fraude: exigen la suma fija de 25 millones de pesos en efectivo a cambio de la supuesta entrega de la vivienda por un periodo de dos años. Una vez que el dinero es entregado y los nuevos ocupantes se mudan, los estafadores desaparecen, dejando a los legítimos propietarios sin sus rentas y a los ocupantes en un absoluto limbo legal.

La Notaría Segunda de Duitama en el ojo del huracán

El hallazgo más alarmante de esta investigación es que todos los casos registrados confluyen en una misma entidad: la Notaría Segunda de Duitama. Los expedientes obtenidos por las víctimas dejan en evidencia una cadena de omisiones y una preocupante vulnerabilidad administrativa:

Sello y firma sin verificación biométrica:

En las escrituras y contratos avalados por la notaría, quedó constancia explícita en el sistema de que las huellas dactilares de los comparecientes (los suplantadores) no pasaron el filtro biométrico de identidad.

El «Juramento» como colador de seguridad: Ante el evidente fallo del sistema biométrico por falta de huellas, los funcionarios de la notaría permitieron que los delincuentes sortearan el filtro de seguridad mediante un simple «juramento» o declaración verbal en la que afirmaban ser los titulares de la cédula, procediendo de igual forma a estampar los sellos y firmas oficiales.

Evasión de responsabilidad institucional: Al ser increpados por las propietarias tras descubrirse el fraude, los funcionarios de la Notaría Segunda de Duitama manifestaron de forma directa que su labor no consiste en verificar si los documentos o las identidades que les presentan los ciudadanos son falsos o verdaderos.

Sospechosos habituales: Para mayor consternación de los afectados, empleados de la misma sede notarial confirmaron que las mujeres implicadas en el registro fotográfico de las estafas «se la pasan» de manera permanente y habitual merodeando por las instalaciones de la notaría, sin que exista ningún control sobre ellas.

Las Víctimas: Relatos de una impotencia jurídica

Las dimensiones de esta red quedaron al descubierto al contrastar los testimonios de dos propietarias afectadas, cuyas historias revelan el drama de perder el patrimonio familiar:

El Caso Sogamoso (Lady Figueredo)
La señora Lady Figueredo, propietaria de una vivienda en un conjunto cerrado de Sogamoso, relató a este medio que fue contactada por un hombre llamado «Víctor». Tras evadirla durante días para la firma del contrato de arrendamiento, la señora Figueredo inspeccionó su inmueble un día domingo y descubrió a una mujer habitando la propiedad. Al identificarse como la dueña, la ocupante se sorprendió y le exhibió un contrato de empeño legalizado en la Notaría Segunda de Duitama por 25 millones de pesos a dos años, firmado por una «falsa Lady Figueredo». A pesar de interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la justicia civil, los procesos se encuentran completamente estancados y su casa sigue invadida.

Una situación idéntica la padece una propietaria residente en Bogotá, quien arrendó su inmueble a un sujeto identificado como Jason Javier Caicedo León. Ante los retrasos en los pagos, envió a familiares a realizar una inspección. En la vivienda hallaron a personas que manifestaron tener el inmueble bajo la figura de anticresis. Al escanear el código QR del documento expedido por la Notaría Segunda de Duitama, se descubrió que el estafador suplantó de forma absoluta la identidad del esposo de la propietaria para firmar el negocio por los mismos 25 millones de pesos. En este escenario, los afectados no descartan que los actuales ocupantes actúen en complicidad con la banda simulando ser «víctimas de buena fe» para dilatar la entrega del inmueble.

La gravedad del asunto aumenta al conocerse que está otra propiedad está dentro del mismo conjunto residencial en Sogamoso y sufrió la misma modalidad de estafa, donde se suplantó la identidad de un ciudadano hombre, confirmando que se trata de un problema estructural y activo en la provincia de Sugamuxi y Tundama.

El Análisis Jurídico:

¿Qué caminos quedan?
Consultado por Matinal Noticias, el experto en derecho José Manuel Contreras explicó que ante esta modalidad criminal se configuran tres tipos de responsabilidades claramente diferenciadas: penal, civil y administrativa.

El jurista enfatizó un punto neurálgico sobre la actuación notarial. Basado en el Decreto 960 de 1970, si bien un notario no está obligado a detectar falsificaciones sofisticadas a simple vista, sí tiene el deber de realizar un examen formal de los comparecientes. Según Contreras, si el sistema arrojó explícitamente una alerta biométrica (falta de huella) y la entidad prefirió evadirla mediante un simple juramento verbal para autorizar el documento, se configura una clara e inequívoca falla en el servicio por parte de la notaría, lo que abre la ruta para una demanda de responsabilidad administrativa y reparación integral.

La urgencia de la vía civil

Finalmente, el abogado Contreras lanzó una advertencia fundamental para todas las víctimas de este flagelo:

«Una cosa es denunciar y otra cosa es demandar. Una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en etapa de indagación e investigación puede tardar fácilmente entre uno y cinco años en dar resultados. Por ello, las víctimas deben interponer de inmediato una Acción de Nulidad ante la justicia civil, solicitando medidas cautelares urgentes para congelar y proteger el inmueble».

El profesional advirtió que en los estrados civiles se tendrá que demostrar si los actuales ocupantes de las viviendas actuaron bajo una estricta buena fe (engaño absoluto) o de mala fe (complicidad), un factor determinante que definirá el futuro y la restitución de los predios.

El abogado José Manuel Contreras explicó que, además de las investigaciones penales por presunta falsedad documental, fraude procesal y suplantación de identidad, las víctimas cuentan con herramientas en la jurisdicción civil para buscar la recuperación de sus derechos. Según indicó, cuando se demuestra que una persona jamás prestó su consentimiento para celebrar un contrato o negocio jurídico porque su identidad fue suplantada o su firma falsificada, puede solicitarse la declaratoria de nulidad absoluta del acto. No obstante, también deberá analizarse la situación de terceros que aleguen haber actuado de buena fe, pues la legislación y la jurisprudencia colombiana reconocen mecanismos de protección para quienes confiaron legítimamente en la apariencia de legalidad de determinados actos o registros públicos.

Ante la inacción de los entes acusadores y la alarmante fragilidad de los controles en la Notaría Segunda de Duitama, la ciudadanía y los gremios comerciales de Boyacá exigen una intervención inmediata de la Superintendencia de Notariado y Registro. El patrimonio y la fe pública de los boyacenses no pueden seguir quedando en manos de la delincuencia organizada.

Matinal Noticias mantendrá micrófonos abiertos y un seguimiento estricto al desarrollo judicial de estas graves denuncias.