Comunidades del suroriente de Boyacá denuncian dificultades para acceder a tarifa diferencial en peaje de San Luis de Gaceno

Habitantes y líderes de las comunidades del área de influencia del nuevo peaje ubicado en San Luis de Gaceno, Boyacá, denuncian dificultades para acceder a la tarifa diferencial establecida para los residentes de la zona.

Milena Porras, veedora y líder comunitaria, aseguró que se han presentado casos en los que a los usuarios no se les reconoce el beneficio y deben terminar pagando la tarifa plena, incluso cuando manifiestan cumplir con los requisitos establecidos.

Según Porras, las dificultades estarían relacionadas, entre otros aspectos, con los censos de vehículos y la información que maneja la concesión. La líder señaló que las comunidades han solicitado claridad sobre los listados utilizados para determinar quiénes pueden acceder al beneficio, pero hasta el momento no conocerían con precisión la trazabilidad de esos censos ni el procedimiento para actualizarlos.

“Muchas personas, al transitar y llegar allí, se encuentran con que no aparecen aparentemente en unos listados que desconocemos cuál fue la trazabilidad”, manifestó Porras, quien agregó que, en estos casos, la respuesta que reciben los usuarios sería pagar la tarifa plena y esperar a que se realicen las respectivas actualizaciones.

La veedora también cuestionó que, según su denuncia, en algunos casos ni siquiera se estaría aceptando como mecanismo suficiente la presentación de un certificado de residencia que acredite que la persona pertenece al área de influencia.

Porras recordó que las comunidades realizaron censos de vehículos de diferentes categorías y que durante varios años han participado en la discusión relacionada con el peaje. Sin embargo, afirmó que la mesa de concertación que esperaban para definir las condiciones de la tarifa diferencial no se habría establecido de manera efectiva.

La líder sostuvo además que la tarifa diferencial de $2.000 habría sido definida de manera unilateral por la concesión y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sin que, según su versión, existiera un proceso de concertación suficiente con las veedurías y las comunidades.

Otro de los reclamos está relacionado con la falta de disponibilidad del equipo móvil que, según las comunidades, estaría destinado a facilitar la actualización de la información y permitir que los residentes puedan acceder al beneficio.

Ante este panorama, los veedores y habitantes del suroriente de Boyacá piden que se esclarezca cuántas personas y vehículos están actualmente cobijados por la tarifa diferencial, cuáles son los requisitos vigentes, cómo se pueden actualizar los censos y qué procedimiento debe seguir un usuario al que no se le reconozca el beneficio en el peaje.

Las comunidades consideran que estas respuestas son necesarias para evitar que los residentes del área de influencia tengan que asumir el pago de la tarifa plena mientras se resuelven las inconsistencias denunciadas.