Ley 2635 de 2026: Nace la norma «Ni un ciclista más» en Colombia para proteger a usuarios vulnerables de las vías

El Gobierno Nacional sancionó recientemente la Ley 2635 de 2026, una normativa histórica conocida como «Ni un ciclista más». Esta ley representa el primer marco legal en la República que establece medidas concretas, sanciones tangibles y penas directas destinadas específicamente a proteger la vida e integridad de los ciclistas y peatones en las vías del país. La iniciativa fue presentada por el representante a la Cámara por Boyacá, Héctor David Chaparro Chaparro, quien ha liderado la lucha durante los últimos dos años junto a diversas comunidades afectadas.

La nueva legislación modifica el Código Nacional de Tránsito y endurece significativamente las responsabilidades de los conductores motorizados. Uno de los puntos centrales es la obligación de mantener una distancia mínima de 1.5 metros al adelantar a cualquier bicicleta. El incumplimiento de esta medida ya no será solo una infracción administrativa menor; si este comportamiento negligente causa lesiones o, lamentablemente, la muerte del pedalista, el conductor infractor podrá enfrentar la suspensión de su licencia de conducción hasta por diez años. Además, se impondrá una multa económica severa de hasta treinta salarios mínimos mensuales vigentes.

Más allá de las sanciones punitivas, la Ley 2635 adopta un enfoque preventivo y estructural. Se establece la inclusión obligatoria de infraestructura específica para ciclistas y peatones en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), tanto municipales como departamentales. Asimismo, se exige la participación activa de representantes de las comunidades ciclistas y peatonales en los consejos de seguridad vial, garantizando que quienes usan estos modos de transporte tengan voz en la elaboración de planes de seguridad vial nacionales y locales.

El representante Chaparro destacó que esta ley nació del dolor de muchas familias tras años de siniestros viales recurrentes. Según cifras citadas por el congresista, cerca de 169 personas han perdido la vida en las vías de Colombia únicamente este año. Chaparro enfatizó que la norma busca generar conciencia sobre la vulnerabilidad de los actores viales no motorizados, promoviendo valores de respeto y tolerancia en la cultura vial colombiana. «No hablamos simplemente de ciclistas recreativos, sino de personas que usan la bicicleta para ir al trabajo o al colegio», señaló el legislador.

Contexto nacional y antecedentes legislativos

Esta sanción llega después de varios intentos fallidos en administraciones anteriores. Históricamente, proyectos similares habían sido archivados en el Congreso debido a presiones de gremios transportadores y falta de voluntad política. Sin embargo, el aumento sostenido de la mortalidad de ciclistas en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, sumado a la presión social organizada bajo colectivos como «Alcaldía Mayor de Bogotá» y organizaciones internacionales como ITDP (Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo), logró impulsar esta aprobación final.

Expertos en movilidad urbana consultados por medios especializados señalan que la efectividad de la ley dependerá de la implementación operativa. La Policía de Carreteras y los organismos de tránsito locales deberán actualizar sus sistemas de registro para aplicar correctamente las nuevas tipificaciones penales y administrativas. Por otro lado, municipios pequeños enfrentarán desafíos presupuestales para cumplir con la exigencia de infraestructura segura incluida en los POTs.

Organizaciones civiles como Ruedas Libres y la Alianza Bicicleta Ciudadana celebraron la noticia, aunque advirtieron que la vigilancia ciudadana será clave para evitar que la ley quede en papel mojado. Han anunciado mesas de trabajo inmediatas con el Ministerio de Transporte para diseñar campañas masivas de sensibilización dirigidas especialmente a conductores de vehículos particulares y de carga pesada.

Con la entrada en vigencia inmediata de la Ley 2635 de 2026, Colombia da un paso crucial hacia la humanización de sus espacios públicos y la reducción de la violencia vial, situándose entre los países latinoamericanos con marcos legales más robustos para la protección de usuarios vulnerables en carretera.