Por: Arley Paéz, periodista Matinal Noticias
Amenazas, hostigamientos y ataques contra su vida no fueron suficientes para que las autoridades correspondientes tomaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la defensora de derechos humanos de Asseinsa ONG Patricia Cardozo Cipamocha, quien fue atacada con una sustancia química en la tarde del lunes 10 de abril.
Fue la Plataforma Feminista Boyacense la que lanzó la alerta luego del ataque del que fue víctima Patricia Cardozo sobre las 6:00p.m mientras caminada por inmediaciones al Parque Santander, zona céntrica de la ciudad de Tunja, donde un hombre sin identificar le lanzó sobre su rostro una sustancia química, la defensora de DDHH fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario San Rafael donde labora además como jefe de enfermería y donde permanece recibiendo atención médica.
El parte de salud más reciente entregado por el centro médico señala que Patricia Cardozo Cipamocha presenta afectación del 4% de la superficie corporal, afectando cara, tórax anterior y muslos, por lo que está siendo valorada por personal de cirugía plástica.
Kimberly Andrea Ochoa Araque, vocera de la Plataforma Feminista Boyacense y coordinadora jurídica del colectivo La Ramona, señalo que en este caso se presentó una clara inoperancia de las autoridades “se enfatiza con que se denunció desde el 2022 que tenía amenazas en contra de su vida y la UNP ya había emitido orden de esquema de protección. Fallaron todas las autoridades departamentales, incluyendo Policía, Alcaldía, Defensoría del Pueblo y el mecanismo articulador con sus autoridades integrantes de todo Boyacá, que conociendo el caso omitieron atención temprana”.
Luego de conocido el hecho, desde el municipio se adelantó en la noche del mismo lunes un Consejo Extraordinario de Seguridad para evaluar qué fue lo que sucedió y como se va a proceder, teniendo en cuenta que no se ha recibido el apoyo y respuestas positivas de las autoridades del orden nacional.
Dentro de las medidas se destaca que se continuará con la presencia y rondas de Gaula Militar y Policía metropolitana, pues el acompañamiento permanente es decisión de la UNP.
Por su parte, el alcalde Alejandro Funeme en medio de una rueda de prensa señaló que son más de 14 los requerimientos que ha hecho el municipio para que sea la Unidad Nacional de Protección quienes adelanten la implementación de los esquemas de seguridad tipo 1, sin embargo, a la fecha aún no hay respuesta por la UNP.
Desde la Defensoría del Pueblo en Boyacá señalaron que desde el mes de septiembre del año 2022 luego de conocerse las amenazas de las que estaba siendo víctima, se alertó tanto a la Alcaldía, Policía Fiscalía y Unidad nacional de Protección para que se tomaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto de la lideresa como de su familia. También se conoció que otra alerta fue presentada por la Defensoría el pasado 4 de abril cuando Patricia Cardozo fue objeto de amenaza con arma blanca.
Por ahora toda la investigación recae sobre la Fiscalía General de la Nación, según las declaraciones de las autoridades no se tiene ningún rastro de quien arrojó el líquido a la lideresa, razón por la que se entregarán 5 millones de pesos para quien tenga información de los responsables de este hecho.
