Justicia para María Edilma Adame: Tribunal de Boyacá confirma condena contra el municipio de Busbanzá

El Tribunal Administrativo de Boyacá ha ratificado una sentencia histórica que declara la responsabilidad administrativa y patrimonial del municipio de Busbanzá por fallas en el servicio que derivaron en el feminicidio de María Edilma Adame en 2021. El fallo es contundente: las autoridades locales no protegieron a la víctima a pesar de las reiteradas advertencias.

Los hechos que hoy generan esta condena se remontan al 2 de noviembre de 2021. En pleno corazón de la administración municipal, dentro de las instalaciones de la Secretaría de Gobierno con funciones de Inspección de Policía, María Edilma fue atacada con arma blanca por su expareja, William Tirán, durante una audiencia de conciliación.

El Tribunal señaló que el municipio incumplió con el deber de debida diligencia. Según la corporación, la actuación de las entidades fue «ineficiente y deficitaria», destacando tres fallas críticas que facilitaron el crimen:

Falta de seguridad: No se realizó una requisa al agresor a pesar de sus antecedentes.

Ausencia de fuerza pública: No se contó con el acompañamiento de la Policía durante la diligencia.

Omisión de riesgo: La víctima había denunciado amenazas de muerte en tres ocasiones previas ante la misma Secretaría de Gobierno.

En un pronunciamiento clave para la defensa de los derechos de la mujer, el Tribunal enfatizó que no se puede esperar a que haya agresiones físicas previas para actuar. «No puede exigírsele a una mujer que las amenazas denunciadas vayan acompañadas de agresiones físicas para emprender medidas de protección», reza la sentencia, subrayando que el Estado debe ser garante de una vida libre de violencia.

Además de la responsabilidad patrimonial, el fallo ordena al municipio de Busbanzá adoptar las siguientes medidas inmediatas:

Protocolo de Riesgo: Implementar una ruta de atención integral para mujeres víctimas de violencia de género.

Uso de Tecnología: Priorizar la virtualidad en diligencias donde deban comparecer víctima y agresor para evitar el contacto físico.

Presencia Policial Obligatoria: En caso de que las audiencias deban ser presenciales, será estrictamente obligatoria la presencia de la Policía Nacional.

Esta decisión sienta un precedente en el departamento sobre la responsabilidad de los funcionarios locales al subestimar las amenazas de violencia de género en los espacios institucionales.