Informe Especial: Contratos entre la ESE Centro de Salud Santa Isabel y la gestora social de Buenavista generan controversia ciudadana

En el municipio de Buenavista crece la polémica luego de conocerse la celebración de dos contratos de prestación de servicios suscritos entre la Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Isabel y la gestora social del municipio, María Fernanda Castellanos, esposa del alcalde municipal, Edwin Harvey Espitia Lara.

Los documentos en poder de este noticiero evidencian que los contratos fueron firmados directamente entre la gerente de la ESE, Julie Ivonne Ortiz Casas, y María Fernanda Castellanos, quien aparece vinculada como profesional en psicología dentro del programa de Equipos Básicos en Salud.

De acuerdo con los contratos revisados, las fechas de suscripción corresponden al:

* 16 de septiembre de 2024
* 14 de julio de 2025

Contrato 14 de julio de 2025

Ambos documentos corresponden a contratos de prestación de servicios profesionales celebrados por la ESE Centro de Salud Santa Isabel de Buenavista.

La situación ha despertado cuestionamientos en distintos sectores ciudadanos y jurídicos debido a la condición de gestora social Castellanos, figura que, aunque no constituye oficialmente un cargo público remunerado, sí representa un rol cercano y de influencia dentro de la administración municipal.

La controversia se intensifica teniendo en cuenta que la junta directiva de las Empresas Sociales del Estado municipales es presidida por el alcalde, lo que para algunos expertos podría derivar en posibles conflictos de interés y eventuales incompatibilidades relacionadas con la contratación pública.

Juristas consultados señalan que este tipo de actuaciones podrían ser objeto de revisión por parte de organismos de control para establecer si existió o no vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la legislación colombiana, especialmente tratándose de contratación financiada con recursos públicos.

Entre las conductas que algunos ciudadanos consideran necesario investigar se mencionan posibles hechos relacionados con:

* celebración de contratos con eventual violación al régimen de inhabilidades,
* posible tráfico de influencias,
* presunto favorecimiento administrativo,
* y eventuales irregularidades en la función pública.

No obstante, hasta el momento ninguna autoridad judicial, disciplinaria o fiscal ha emitido pronunciamiento oficial que determine la existencia de conductas ilegales en este caso.

El debate también ha puesto sobre la mesa la discusión ética sobre la contratación de personas cercanas al poder político local en entidades públicas del municipio, particularmente en programas financiados con recursos destinados al fortalecimiento de la atención primaria en salud.

Líderes sociales y ciudadanos han solicitado la intervención de organismos como la Personería Municipal, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Fiscalía, con el fin de verificar la legalidad de los contratos y esclarecer si existió o no algún tipo de irregularidad administrativa o penal.

Mientras tanto, la ciudadanía insiste en que los procesos relacionados con recursos públicos deben garantizar absoluta transparencia, imparcialidad y confianza institucional, especialmente cuando involucran personas con vínculos directos con la administración municipal.