Cámara de Comercio de Tunja inicia era de transparencia y reactivación económica tras auditoría forense y recuperación institucional

En una extensa entrevista concedida a medios de comunicación del departamento por el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja Sergio Armando Tolosa, realizó un balance detallado de los primeros meses de su administración, revelando que la entidad atravesaba una crisis profunda caracterizada por incendios administrativos, problemas legales con exdirectivos, irregularidades en proyectos emblemáticos como el Centro de Emprendimiento Cemprende y el Pozo Donato, y una pérdida significativa de credibilidad ante el sector productivo. Sin embargo, aseguró que bajo su liderazgo se está ejecutando un plan de choque para ordenar la casa interna, recuperar la confianza de los afiliados y posicionar a Tunja como un polo de atracción de inversión frente a la fuga de empresas hacia municipios vecinos.

El mandatario gremial comenzó su intervención abordando el tema más sensible: la situación interna heredada. Explicó que al asumir el cargo en febrero encontró una entidad desbordada, con 120 no conformidades abiertas en el sistema de gestión de calidad ISO 9001 versión 2015, las cuales llevaban pendientes desde enero del año anterior sin que la administración previa hiciera nada al respecto. Relató que fue necesario dedicar casi tres semanas exclusivas de todo el equipo para cerrar dichas brechas justo antes de una visita de certificación del Icontec, evitando así la descertificación de la Cámara, un hecho que calificó como inaceptable para una entidad bien manejada. Además, mencionó graves problemas en nómina, observaciones severas del revisor fiscal, fallas en control interno y múltiples demandas laborales y multas de entidades de vigilancia como la Superintendencia y el Sena.

Para enfrentar estas irregularidades y esclarecer la gestión anterior, especialmente en lo concerniente al proyecto Cemprende, la nueva administración contrató una auditoría forense. El presidente ejecutivo destacó que lograron vincular a una firma especializada de gran prestigio, la cual realiza auditorías a nivel nacional para gigantes del sector salud como SaludCoop, y que aceptó trabajar con la Cámara de manera solidaria, reduciendo drásticamente sus honorarios que normalmente ascenderían a cientos de millones de pesos, porque creen en la institución y quieren verla salir adelante. Esta auditoría revisará paso a paso todos los procesos contables, financieros, administrativos y específicamente el desarrollo del Cemprende, con el objetivo de entregar cuentas claras a los empresarios y comerciantes sobre cómo recibieron la entidad y qué se está haciendo para corregirla.

En cuanto a la recuperación de la confianza, el directivo admitió que el daño reputacional fue durísimo, comparándolo con el dolor de pagar impuestos sin saber a dónde va el dinero. Señaló que el crecimiento explosivo en matrículas y renovaciones del año pasado no fue orgánico ni producto de la credibilidad, sino consecuencia de una normativa nacional que bajó tarifas, generando un pico atípico similar a un escalón y no a una curva natural de crecimiento. A pesar de ello, afirmó que las metas para el año actual son altísimas y se están cumpliendo gracias al apoyo de los gremios. Citó cifras concretas: la meta es afiliar a 300 nuevos miembros y ya van por 170, un número significativo considerando el escepticismo inicial que generaba el nombre de la Cámara debido a los escándalos recientes.

Un capítulo crucial de la entrevista se dedicó al conflicto legal con el ex presidente ejecutivo, John Jairo Martínez. El actual mandatario explicó que este funcionario, quien ingresó con 62 años de edad y pocas semanas para pensionarse, hizo promesas de trabajo que no cumplió y, al ser retirado, demandó a la Cámara buscando un mínimo vital. Detalló que la justicia, incluidos Colpensiones, los juzgados y el tribunal, ha dado la razón a la Cámara de Comercio en todas las instancias, confirmando que no existía un interés real de trabajar por la entidad sino un interés personal. A pesar de estar ya pensionado, el exfuncionario continúa recurriendo fallos y recusing jueces, lo que genera un desgaste institucional y reputacional que la Cámara espera finalizar cuando el Consejo de Estado emita su fallo definitivo. El directivo enfatizó que nunca actuaron de mala fe y que el daño a la entidad proviene de acciones externas motivadas por intereses particulares.

Sobre el futuro del Centro de Emprendimiento CEmprende, una obra paralizada durante cuatro años y medio que recibió con apenas un 2% de avance, informó que actualmente se encuentra en un 97% de ejecución. Reveló una estrategia innovadora para darle utilidad real al inmueble: gestionar el traslado de una oficina de ProColombia desde la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá hasta las instalaciones del Cemprende en Tunja. Actualmente, toda la gestión de exportación de Boyacá se realiza en la capital porque no hay presencia de esta entidad en el departamento. La propuesta incluye también traer programas de la universidad aliada, aprovechando la influencia de sus egresados en el gobierno nacional. El objetivo es que los exportadores boyacenses reciban asesoría directa en Tunja para llevar sus productos no solo a mercados tradicionales como Estados Unidos y Europa, sino a países vecinos como Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú, dinamizando así el comercio regional.

Respecto al polémico contrato del Pozo Donato, el presidente ejecutivo aclaró el entramado legal que involucra a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Explicó que el predio, entregado en comodato a la Cámara desde 1988 para evitar que se convirtiera en un foco de delincuencia, había sido arrendado a terceros generando escándalos por presuntos sobrecostos. Al revisar los documentos, descubrieron que tres meses antes de estallar el escándalo, el contrato de arrendamiento había sido renovado automáticamente hasta el año 2031. Mediante una dura negociación, logró acortar el plazo de entrega del bien a agosto de 2027, fecha límite del convenio original con la universidad, y aumentar el canon de arrendamiento de 6 millones a 17 millones de pesos mensuales. Además, se estableció que los recursos recaudados se invertirán en el mejoramiento del sitio y no en otras facultades universitarias. El contrato actual garantiza que la Cámara mantendrá la administración hasta 2027, cuando deberá restituir el inmueble a la UPTC, evitando así un litigio mayor y asegurando ingresos significativos mientras tanto.

Finalmente, el directivo trazó la hoja de ruta para el cierre del año y el futuro económico de Tunja. Anunció una agenda intensa de ferias especializadas por sectores como panadería, hotelería, ferretería y construcción, culminando con un evento multisectorial llamado Antojarte. También confirmó la realización de eventos masivos como Chipchacún y Expo Boyacá el próximo año, los cuales fueron aplazados en 2026 por prudencia política debido a las elecciones de junta directiva. Destacó el apoyo a iniciativas gastronómicas como el Burger Tour, que proyecta vender 200.000 hamburguesas generando más de 4.300 millones de pesos para el sector, y la participación en la Carrera del Amor en Villa de Leyva para atraer turismo.

Sin embargo, el mensaje central fue un llamado urgente a la atracción de inversión. El presidente ejecutivo alertó que Tunja está perdiendo empresas frente a municipios vecinos como Sora-cá, Oicatá, Cómbita, Motavita y Tuta, donde se están instalando grandes proyectos agroindustriales y zonas francas debido a mejores estatutos tributarios. Mencionó casos exitosos de empresas que llegaron a la región pero evitaron Tunja por falta de incentivos fiscales, mientras que ciudades como Pereira cuentan con extensos beneficios tributarios. Propuso trabajar de la mano con la alcaldía y el gobierno nacional para reformar el estatuto tributario local, ofrecer seguridad jurídica y crear condiciones favorables para que las empresas que están saliendo de Bogotá por saturación y costos, elijan a Tunja como destino. Subrayó que la ciudad cuenta con mano de obra calificada, infraestructura vial adecuada y costos de vida competitivos, factores que, sumados a incentivos reales, pueden convertir a la capital boyacense en el nuevo motor económico del centro del país.

La entrevista concluyó con un tono de optimismo cauteloso pero firme, reafirmando el compromiso de la nueva administración de la Cámara de Comercio de Tunja con la transparencia, la eficiencia y el desarrollo productivo, marcando el inicio de lo que denominaron una nueva era para la entidad más importante del departamento.