Atendiendo el llamado de la comunidad y en su compromiso de combatir la minería ilegal y proteger los recursos naturales, en un operativo de control y seguimiento, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, el día de hoy, 8 de mayo, selló 12 bocaminas que operaban en el municipio de Socotá, vereda La Manga.
Allí, en compañía de Policía Ambiental, Policía de Carabineros y Ejército Nacional, se impuso la medida preventiva de suspensión de actividades y se realizaron los conceptos técnicos para levantar las actas que darán paso a los procesos sancionatorios a los que haya lugar.
Para Corpoboyacá, atender el llamado de los habitantes frente a acciones contra la minería ilegal en Socotá, es parte fundamental de la construcción del pacto de paz con la naturaleza.
“Acudimos al llamado de la comunidad e hicimos los recorridos en donde identificamos bocaminas que están presentando drenajes ácidos, afectación al suelo, a la flora y se han impuestos las medidas preventivas las cuales suspenden actividades. Le respondemos a la comunidad y vamos a seguir en esta área haciendo control y seguimiento y restringiendo ese crecimiento y ese flagelo a nuestros recursos naturales en protección. Agradecemos a la comunidad por habernos informado para conservar los recursos naturales, principalmente el agua”, dijo Heiler Ricaurte, subdirector de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá.
El equipo de la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental de la Subdirección de Recursos Naturales de la autoridad ambiental pudo corroborar las afectaciones al recurso suelo, agua y aire. Por esto, en el marco de la Ley 1333 de 2009, se impusieron las medidas preventivas que actuarán como antecedente para dar paso a la fase judicial.
Por su parte el director de la corporación, Herman Amaya, reiteró: “Nuestro compromiso y visión está en el cuidado de los recursos naturales en protección, como lo es el recurso hídrico. Le recordamos a la comunidad que Corpoboyacá está en el territorio imponiendo las medidas preventivas y sancionando a los infractores en el marco de sus competencias, y será la Policía y la Fiscalía los que pondrán en marcha los procesos de judicialización de los infractores”.
