Contaminación de fuentes hídricas por minería informal tiene enfrentadas a las comunidades de Socha y Socotá

Por: Dolly Parra, periodista Matinal Noticias

Ante la falta de acciones de las autoridades ambientales, en la zona se divide la opinión de las comunidades, unos a favor de lo que sería la protección de la zona de reserva, otros, que defienden la continuidad de labores como la minera, cuestionada por el grave impacto ambiental.

La presión llevó a los defensores ambientales y comunidad afectada por las consecuencias de la explotación minera, a tomar vías, de hecho, con una manifestación que empezó el día de ayer a la altura de Socha Viejo, donde se bloqueó el paso, generando inconformismo general, en especial de los mineros, que arribaron al sitio para exigir garantías del derecho al trabajo.

Lamentablemente, el tema se salió de control, según las comunidades, por ausencia de las autoridades, ya que, en toda la jornada, se ausentaron del proceso, únicamente en horas de la tarde, el alcalde de Socotá William Correa, llegó hasta a jurisdicción de Socha, para servir de mediador.

“No se hicieron garantes los defensores de los derechos humanos, al parecer la Personera de Socha renunció, pero tampoco la Alcaldesa dio la cara, ni siquiera una comitiva, eso hizo que se generaran altercados durante la jornada”, dijo Carlos Estupiñán, líder ambiental del Socha”.

Según la comunidad, si bien entidades como Corpoboyacá vienen cumpliendo con la agenda de cierres de bocaminas ilegales en el Páramo de Pisba, esta medida es insuficiente, pues por la competencia de la entidad, se realiza de manera superficial, esto permite que, una vez las autoridades se retiran del punto, la medida sea vulnerada, ya que los mineros reingresen a las minas y continúan con la explotación como si nada.

“Puede que la Corporación vaya y haga los cierres preventivos, pero al otro día los mineros ya están trabajando, las medidas actuales no son contundentes, ya se había buscado instar otras formas con trazabilidad, incluso se había hablado hacer un diálogo con eso, mineros, pero todo está en veremos”, refirió Estupiñán.

Esto, según el líder ambiental, repercute en que se continúa la explotación desmedida en el Páramo de Pisba, afectando los recursos naturales, especialmente las fuentes hídricas en zonas verdales como Curital, Aposentos, Coscativa, Jordan Tavor y La Vega, entre otras.

Lo que encrudece la situación, específicamente es que ni el Ministerio de Medio Ambiente se ha pronunciado frente a lo que será la delimitación del páramo, por lo que la comunidad no tiene argumentos legales contundentes para determinar las labores permitidas en la zona y, tampoco la Agencia Nacional de Minería hace presencia para establecer parámetros claros y medidas contundentes por lo menos en las bocaminas ilegales, donde solo ellos pueden adentrarse bajo tierra para realizar los cierres definitivos.

“Nosotros no quisiéramos afectarles la movilidad, ni llegar a las vías de hecho, pero lamentablemente no existe actualmente otra salida, tenemos un pliego de peticiones que queremos socializar con las autoridades, hay una serie de exigencias en concreto relacionados con afectaciones evidentes a las comunidades”, dijo Carlos Estupiñán.

Según la comunidad, durante la jornada del 11 de mayo , se avanzó en algunos espacios de concertación en los que participó una comisión de derechos humanos, sin embargo, no se ha logrado acuerdos puntuales que permitan levantar la movilización que por temas de seguridad se realiza de manera intermitente.