A la cárcel servidor del CTI quien habría favorecido penalmente a los procesados de captadora ilegal en Boyacá
El procesado negó los cargos en su contra y fue privado de la libertad en establecimiento carcelario Foto: Archivo Particular
Fiscalía judicializó a un integrante del CTI que habría favorecido penalmente a supuestos socios de la captadora ilegal Avitar en Boyacá. La actuación del servidor habría permitido la fuga de los procesados.
Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Arnulfo Delgado Rojas, un servidor del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) presuntamente responsable de los delitos de prevaricato por omisión, cohecho propio y concusión.
Los hechos por los que se investiga al funcionario ocurrieron en 2023 cuando se ordenó la judicialización de cinco personas que habrían conformado un captadora ilegal de dineros del público. Dicha organización criminal habría estafado a, por lo menos, 2.000 personas en Duitama, Sogamoso, Tunja y otros municipios de Boyacá.
La evidencia encontrada por la Fiscalía señala que el procesado, quien fue designado como investigador líder del caso, habría abusado de su cargo para favorecer a los entonces imputados. También habría omitido su deber de capturar a los investigados lo que permitió su fuga.
Otras de las presuntas irregularidades atribuidas a Delgado Rojas se relacionan con la supuesta recepción de dinero, a cambio de entorpecer el curso normal del proceso, y habría suministrado información reservada a los indiciados. Asimismo, se cuenta con información acerca de que personas cercanas al procesado habrían invertido dinero en la captadora, por lo cual debió haberse declarado impedido para investigar.
El procesado negó los cargos en su contra y fue privado de la libertad en establecimiento carcelario.
Cabe recordar que Jersson Velandia Suárez, Erick Benítez, Jorge Alexander Velandia, Martha Nubia Suárez y Karen Velandia Suárez, quienes habrían captado ilegalmente miles de millones de pesos principalmente en Duitama, Sogamoso, Tunja y otros municipios a través de la captadora Ávitar tienen orden de captura desde el 2023 y a hoy permanecen prófugos de la justicia.
