Por: Dolly Parra, periodista Matinal Noticias
En diálogo con Matinal Noticias, el director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ‘IGAC’, Gustavo Adolfo Marulanda, habló sin tapujos sobre la actualización catastral que tiene contra las cuerdas a más de siete municipios en Boyacá.
El directivo de entidad a nivel nacional informó que, si bien el proceso de Catastro Multipropósito se inició en el gobierno del presidente Iván Duque, en la revisión que le encomendó al ‘IGAC’, el actual presidente Gustavo Petro, se encontró que el proceso fue realizado correctamente y que contaba con el fundamento técnico para la implementación que se dio inicio desde el año pasado, encontrando como principal indicador, zonas del país con más de 30 años pendientes de actualización catastral, lo que proyectaba incrementos a la fecha de hasta el 1000% en temas de avaluó.
“Pusimos al día informaciones económicas que tenían un rezago muy significativo, se corrigieron las bases catastrarles, producto de estos procesos de actualización, estuvimos en reuniones en noviembre y diciembre del año pasado, explicándoles a los alcaldes, los contenidos de la información, especialmente el componente económico, para que a tiempo se tomaron algunas medidas de mitigación, pero no se logró la aceptación de las administraciones y concejos”, mencionó el Director Nacional del ‘IGAG’.
Según Marulanda, de acuerdo con la legislación nacional, es deber de los municipios realizar el proceso de actualización catastral cada cinco años, norma que muchos de los municipios colombianos han evadido, en su mayoría por más de tres vigencias, otros, como los de Boyacá, donde hay rezagos de hasta seis periodos.
“Advertimos este tema, sabíamos de este proceso, ahora nos toca es reaccionar, entendemos la preocupación de la gente, de los campesinos que ahora pagarán impuestos significativamente más altos y tenemos que ver cómo, desde las administraciones locales, podemos tomar medidas a través de estrategias tributarias que reduzcan el impacto”, dijo Marulanda.
Una de las soluciones que la entidad determinó, es revisar caso por caso los registros, pues si bien, afirma que el proceso cuenta con toda la garantía técnica, puesto que involucra, no solo la medición en campo sino registros satelitales, imágenes captadas con drones, entre otros aspectos que respaldan el trabajo en campo; puede haber diferencias puntuales que solo se pueden evaluar caso por caso, para lo que se adelantaran unas jornadas de atención al público en los municipios de Socha, tasco, Beteitiva, Socotá, Busbanza, Paz del Río, Corrales, Sativasur y, desde la oficina principal de la entidad en Tunja.
“Vamos a hacer una revisión sobre la información física para validar que lo que tenemos capturado en nuestras bases de datos, cumpla con la realidad física de los predios”, dijo el Director de IGAC.
Otra de las medidas, quizá la más importante, será hacer excepciones en los estatutos tributarios para incluir incentivos que beneficien a los contribuyentes. “Le hemos pedido a los alcaldes y a los concejos municipales, se analice lo que podemos hacer en cuanto a temas de revisión y estatutos tributarios para este año, perdimos ya la oportunidad de hacerlo el año pasado, pero aún haya algunas cosas que podemos hacer en materia tributaria para establecer medidas transitorias que permitan bajarles la tensión a los ciudadanos en cuanto al pago del predial”, afirmó Marulanda.
Según refirió el directivo, en definitiva, la idea de anular las recientes actualizaciones catastrales que proponen los mandatarios locales, es una posibilidad que solo en caso extremo quedaría en manos del presidente, por tanto, según lo mencionado, lo que queda en los territorios es adelantar el proceso de revisión persona a persona y generar un plan e incentivos tributarios para mitigar el impacto.
