Detrimento patrimonial y malos manejos: Fuerte denuncia del congresista Wilmer Castellanos en concesión de la vía BTS

 Detrimento patrimonial y malos manejos: Fuerte denuncia del congresista Wilmer Castellanos en concesión de la vía BTS

El Representante a la Cámara Wilmer Castellanos ha denunciado presuntos malos manejos y detrimento patrimonial.

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El representante a la Cámara Wilmer Castellanos ha denunciado presuntos malos manejos y detrimento patrimonial en el marco de la concesión de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS). Estas acusaciones han generado preocupación y podrían derivar en un nuevo escándalo de corrupción.

 

Según Castellanos, la concesión firmada hace 22 años no cumplió con los compromisos establecidos, ya que las obras originalmente pactadas nunca se completaron en su totalidad. Destacó que el nombre BTS es engañoso, puesto que la doble calzada solo llegó hasta Tibasosa, dejando inconcluso el tramo hasta la ciudad del ‘Sol y del Acero’.

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El congresista boyacense señaló a través de los micrófonos de Matinal Noticias que, en 2021, durante el Gobierno nacional de ese entonces, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmó un otrosí con el concesionario, en el cual se estipuló la devolución al Estado del 45% del tramo concesionado, es decir, 87 de los más de 200 kilómetros inicialmente otorgados en concesión. Esto significa que la responsabilidad del mantenimiento correctivo y preventivo, así como la operación de este tramo, ahora recae sobre el Gobierno nacional y no en el consorcio.

 

Más problemas

Además de dar a conocer la devolución de cierto tramo de la BTS, Castellanos advirtió que, a pesar de esta devolución, los tres peajes que forman parte de la concesión no fueron retornados al Estado. En particular, mencionó el caso del peaje de Albarracín, ubicado en los límites entre Cundinamarca y Boyacá, el cual sigue siendo cobrado por la concesión a pesar de encontrarse dentro de los 87 kilómetros devueltos, específicamente en el tramo Villapinzón-Ventaquemada-Tunja, que abarca 54 kilómetros y que estaría recibiendo más de 90 mil millones al año.

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El representante a la Cámara afirmó que desde el año pasado ha venido investigando y documentando el caso, insistiendo al Gobierno nacional para que asuma su responsabilidad en el mantenimiento de la vía. Explicó que el Instituto Nacional de Vías (Invías), bajo la actual administración, inicialmente no quiso recibir el tramo vial, ya que este compromiso fue adquirido por el Gobierno anterior. Sin embargo, finalmente tuvo que aceptarlo debido a las obligaciones contractuales del Estado.

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En paralelo a la investigación, Castellanos ha gestionado recursos para la mejora de esta vía fundamental para Boyacá, logrando asegurar casi 60.000 millones de pesos, incluidos los costos de interventoría. Ante la gravedad de la situación, ha solicitado una sesión de control político en la que participen el Invías, la ANI y el Ministerio de Transportes para esclarecer los hechos y garantizar soluciones efectivas para la infraestructura vial de la región.

Janeth Araque

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